Autora: Mª Teresa López Hernández
Publicado: Revista de Ferias y Fiesta de Béjar, 2016, pp. 48-53.
La lucha
obrera por conseguir una mejora de las condiciones laborales generó una gran
conflictividad social que, unida al cambio de la legislación internacional,
obligó a los países a incorporar los avances para no peder competitividad y condujo
a reformas institucionales y legales[1].
En 1903 se
creó el Instituto de Reformas Sociales y más tarde, en 1920, el Ministerio de
Trabajo, a la vez que se fue configurando una legislación laboral que pretendía
“proteger” a la mano de obra más frágil: mujeres y niños, extendiéndose posteriormente al resto de
trabajadores.
Una
“protección” que muchas veces las mujeres no vieron como tal, puesto que no se
las tuvo en cuenta a la hora de elaborarlas y les produjeron perjuicios que
condujeron a incumplimientos no sólo por parte de la patronal, sino por parte
de las mismas trabajadoras que veían como esas normas les privaban de trabajo
sin aportarles ningún beneficio a cambio.