Autor: Óscar Rivadeneyra Prito
Publicado: Béjar en Madrid.
El proceso de desamortización de bienes eclesiales formó parte de las medidas de política liberal llevadas a cabo durante el reinado de Isabel II. Estas supusieron el cambio de manos de un sinfín de propiedades rústicas que habían engrosado durante siglos el patrimonio de la Iglesia. El estado decidió expropiar esas tierras e inmuebles, mayormente abandonados y sin uso, y sacarlos a subasta con el objeto de lograr que los nuevos dueños los labraran y revivificaran. Por distintos razonamientos en los que no nos extenderemos los historiadores han concluido en que las pretensiones buscadas por Mendizábal, promotor de la desamortización, no solo no se lograron sino que el efecto final resultó perjudicial para la economía española. Además de las tierras entraron en los lotes de subastas, innumerables conventos, abadías, monasterios, etc. cuya decadencia se venía poniendo de manifiesto desde hacía años y la desamortización terminaría por condenar a la ruina o a su definitiva desaparición.
Los tres conventos de Béjar fueron abandonados por los religiosos y salieron a subasta a partir del año 1836. La naturaleza de las familias que los adquirieron difiere bastante de la de los que compraron los lotes del monte Castañar años después, en la desamortización de los llamados bienes comunes. Los adquirientes de los conventos fueron individuos cuyas actividades económicas estaban vinculadas directamente con la industria textil y guardaban entre ellos algún grado de parentesco. El de San Francisco y el de la Anunciación fueron adquiridos por Anselmo Olleros Pérez y Juan Sánchez de Adrián[1], mientras que el del Piedad lo fue por parte de Julián Yagüe[2] pasando, tras su muerte, a sus hijas. En la década de los 70 del siglo XIX figuran como titulares de este convento los cuñados Cipriano Rodríguez-Arias, Nicolás Rodríguez Vidal, Jerónimo Gómez-Rodulfo y José López del Moral, casados con cuatro de las hijas de Yagüe, Manuela, María, Ángela y Rufina respectivamente[3]. En el año 1870 los cuatro fabricantes registran su propiedad para realizar una división cuatripartita por medio de un sorteo, pasando, con el tiempo, la parte de Jerónimo a su hijo Juan Gómez-Rodulfo Yagüe. Cada uno de los propietarios quería definir con exactitud lo que le correspondía con la intención última de construir viviendas[4].



