Una aventura de galeotes

Autora: Carmen Cascón Matas

Publicado: Béjar en Madrid, 4.812 (02/11/2018), p. 4

      ¿Qué había peor que acabar con los huesos en la cárcel por dedicarse a robar en los caminos públicos? La justicia de la Edad Moderna tenía la potestad de imponer la pena de galeras a los amigos de lo ajeno y no era extraño ser condenado en estos casos a cumplir, como mínimo un año o diez a lo sumo, atados a un remo, bogando en los galeones de Su Majestad, desterrados y lejos de la familia. Mejor seguir vivo y entero que sin una mano o una oreja, sin ver la luz del sol en una cárcel húmeda y oscura, o azotado con riesgo de morir. Si lo miramos desde un prisma positivo era una buena forma de ver mundo para aquellos hombres fuertes y con suerte; desde el negativismo, una esclavitud para los sancionados de por vida o para los endebles y desafortunados. Muchos morían por las fiebres, el agotamiento extremo o el hundimiento del barco. Algunos se agarraban con fuerza a la vida pero eran hechos prisioneros o trocaban su barco por otro u otros de distinta bandera, por ejemplo en los galeones de los piratas berberiscos, que azotaban con sus saqueos el Mediterráneo. Los menos sobrevivían y volvían a sus casas, con un sentimiento de desarraigo que acababa en locura, mendicidad o regreso al delito.

      Conocido es el episodio XXII de la primera parte de El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha, en el que don Quijote libera a una cuerda de galeotes, es decir, a unos presos que eran conducidos con grilletes hasta el puerto más próximo, en contra de la voluntad de Sancho. Por semejante afrenta a la justicia su protagonista muy bien hubiera podido encontrar la muerte en la horca, final que no quiso aplicarle don Miguel de Cervantes para deleite del lector, que disfruta así de capítulos y aventuras sin cuento. 

 

 Don Quijote y los galeotes

            A propósito de la pena de galeras existe un documento en el Archivo Histórico de la Nobleza accesible en internet, en la web de PARES[1]. En 1654 el Corregidor de Béjar, don Alonso de Armenteros, denunció la fuga de tres presos condenados a galeras. Su delito: el hurto en camino público. Benito Granado, vecino de Zarza, Bernardo de Cáceres, vecino de Alcántara, y Gabriel Arias, de Ciudad Rodrigo, atacaban a los viajeros en los caminos comprendidos entre Baños de Montemayor y La Calzada. Viajar por placer era un pasatiempo desconocido. Quienes osaban poner los pies en las calzadas polvorientas o embarradas, dependiendo de la estación del año, lo hacían por motivos de peso. La mayoría viajaban en grupos por riesgo a ser atacados por los bandoleros, como lo eran Benito, Bernardo y Gabriel. Después de cometer sus fechorías fueron apresados por la justicia en Puerto de Béjar en mayo de 1653, trasladados a la cárcel pública de Béjar y puestos a disposición del alguacil de la villa, Jacinto de Herrera. 

         En septiembre del mismo año, y tras las diligencias judiciales acostumbradas, el teniente de corregidor sentenció a los tres presos a la pena de cuatro años de galeras “a remo y sin sueldo” o a picar piedra en las minas del azogue de Almadén, de propiedad real. Porque, por cierto, existían galeotes de oficio, por voluntad propia, que servían en los barcos del rey a cambio de un salario. Duro y arriesgado trabajo, como vimos, no menos que el de las minas. Atarse a un remo o a una pala venía a ser algo similar. En las minas mercurio de Almadén trabajaban a la fuerza esclavos y prisioneros extrayendo toneladas de azogue que eran enviadas a Nueva España con el fin de emplearlo en el proceso de obtención de plata de las minas mejicanas. Lo normal era morir de agotamiento o por intoxicación con el mercurio. Además a Gabriel Arias se le añadieron, si sobrevivía, otros cuatro años a servir en los ejércitos de Cataluña, tales eran sus delitos. 

 Minas de Almadén. Foto extraída de aquí

            Poco después de vista la sentencia los tres presos peligrosos se fugaron de la cárcel real y el pato lo pagó el alguacil Jacinto de Herrera, que acabó con sus huesos en la mazmorra. Qué ironía, el carcelero encerrado en su propia cárcel… Las rejas sólo se abrirían si pagaba la fianza en la que estaban valorados los fugados, es decir, doscientos ducados de plata o trescientos reales de vellón. La bolsa iría destinada al pago del sueldo de otros dos galeotes. El sistema no era cosa de broma. Entre sus cometidos estaba el mantener correctamente las instalaciones carcelarias, dar de comer a los presos y evitar su fuga. Para entonces Jacinto de Herrera había pasado nueve meses a la sombra hasta que pudo reunir el dinero. 

        De los galeotes fugados nunca más se supo. Quizá siguieron delinquiendo a su placer por los caminos de Castilla o huyeron a buscar una vida mejor en Nueva España, Nueva Granada o el virreinato del Perú, quién sabe.

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[1] Copia auténtica del memorial hecho en Madrid en 27 de octubre de 1654 ante la comisión de fugas de galeotes informando de la evasión de Benito Granado, Bernardo de Cáceres y Gabriel Arias, ladrones condenados a galeras (los dos primeros) y al servicio en el ejercito de Cataluña (el último), de la carcel pública de la villa de Béjar (Salamanca) así como de la multa impuesta a Jacinto de Herrera, Alguacil Mayor de dicha villa, como responsable de su custodia. Archivo Histórico de la Nobleza,OSUNA,C.233,D.164