Autora: Carmen Cascón Matas
Publicado: Béjar en Madrid, nº 4.721 (16/01/2015), pp. 2 y 3.
Durante la guerra de Independencia muchos
fueron los patriotas que clamaron a favor de su rey, secuestrado en Bayona, y
en pro de las libertades basadas en la constitución de 1812. Dieron su vida y
su sangre por expulsar a las tropas francesas, provenientes de un país que
había sido el modelo de libertad y que ahora se había convertido en modelo de
oprobio y terror. Sin embargo, la vuelta de Fernando VII no significó para
ellos la recompensa y la gloria, sino más bien lo contrario. A través del
Manifiesto de los Persas, el monarca perseguiría todo conato de defensa de lo
expuesto y aprobado en Cádiz, implantando el Antiguo Régimen y lo que
representaba: la
Inquisición, la eliminación de derechos y libertades, el
predominio de la Iglesia,
entre otras. A partir de ese momento el peso del estado recayó sobre esos patriotas
llamados después liberales. Sólo en una ocasión durante el reinado de Fernando
VII la voluntad de los defensores de la libertad se impuso y para ello dieron
necesarias las armas en el breve lapso de tiempo del Trienio Liberal (1820-
1823), sinónimo también de inestabilidad y con un viraje hacia el
radicalismo que no supuso, en modo alguno, nada positivo para lo que la
ideología quería representar.
Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros de José Gisbert. Museo del Prado
El
regreso de Fernando VII, tras la intervención de los Cien Mil Hijos de San
Luis, significó la vuelta del Antiguo Régimen en lo que los liberales llamaron
Década Ominosa. El rey no quería oír hablar de libertades, derechos,
constituciones y mucho menos de aperturismo del sistema, sinónimo de caos y
excesos. Se hacía preciso controlar a los liberales, enemigos del estado según
los gobiernos conservadores, organizados en torno a sociedades secretas para
hacer caer, a golpe de estado, un sistema opresor y caduco. En medio de este
pánico absolutista, en el que muchos fueron represaliados, encarcelados y
fusilados, se expidió a las Chancillerías la orden de que cada ayuntamiento
redactara una lista de personas peligrosas con el fin de mantenerlas vigiladas,
orden que llegó de manera efectiva a Béjar. Poco después, en 1824 se elabora
una “Lista de sospechosos
constitucionalistas[1]”,
esto es, defensores de la constitución de 1812, en la que figuran los nombres
de activos liberales protagonistas de la pasada experiencia del Trienio
Liberal.





